Solicitan flexibilizar criterios del Sistema Nacional de Inversiones para que familias puedan acceder a soluciones sanitarias sin perder sus títulos de merced
Un documento elaborado por el Consejo Regional de Los Ríos fue enviado al Presidente de la República, Sebastián Piñera y al Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno con el objeto de solicitar la flexibilización de los criterios de evaluación del Sistema Nacional de Inversiones, a fin que el proyecto de “Infraestructura Sanitaria para Isla Huapi, comuna de Futrono”, que incluye agua potable y casetas sanitarias, pueda llevarse a cabo sin que las familias del sector renuncien a sus títulos de merced, por ser tierras indígenas.
La dificultad para que este proyecto se ejecute radica en que tras dos procesos de licitación declarados desiertos, la iniciativa debe ingresar nuevamente a reevaluación en el Sistema Nacional de Inversiones (SNI) por aumento de costos y usuarios, para poder adjudicar las obras, proceso que condiciona una Recomendación Favorable a que cada familia beneficiada debería contar un título de dominio individual sobre el terreno que habita. Dicha situación causó inconvenientes en las familias de la Isla Huapi, ya que al realizar este procedimiento, perderían los títulos de merced que fueron entregados por el Estado de Chile en el año 1916.
El presidente de la Comisión de Infraestructura, Luis Cuvertino explicó que una de las soluciones para destrabar el proyecto era realizarlo de forma separada – agua potable y solución sanitaria – pero la comunidad manifestó su interés en que el proyecto se haga de forma integral, debido a que no existiría certeza acerca de la concreción de la construcción de casetas sanitarias y porque el sistema de agua potable dejaría los arranques en el límite de los predios, muy lejos de los puntos de consumo, por lo que el CORE acogió la demanda e inició las acciones para pedir una evaluación de forma diferenciada.
“Hemos elaborado una opinión como Consejo Regional para ir más allá de las normas establecidas administrativamente y poder salvar la situación, modificando el criterio que es estándar para todo Chile y que no da cuenta de las particularidades de las tierras indígenas, que tienen como base de propiedad dos títulos de merced originados el año 1916, por lo tanto, hemos acordado enviar esta resolución, con el objeto que en consideración a los tratados que tiene Chile, como el tratado de la OIT convenio 169, pueda respetar los derechos ancestrales para los habitantes mapuche huilliche de la Isla, de manera que puedan considerarse esos títulos y adjudicar estos beneficios a cada una de las familias”, dijo Cuvertino.
A su turno, el presidente de la Comisión de Hacienda Eduardo Hölck argumentó que, “en el Gobierno anterior se ilusionó a la gente con un proyecto de saneamiento sanitario, pero lamentablemente todas las gestiones que se hicieron fueron infructuosas, ya que nunca se cumplieron con los reglamentos que se requieren para poder realizar estas obras, debido a que la gente de la Isla Huapi es de origen mapuche, por lo tanto, la propiedad de sus tierras la tienen según su cosmovisión, la van heredando y tienen un uso distinto, desde el punto de vista legal”.
Hölck explicó que, “para zanjar ese problema es que le estamos pidiendo a las autoridades del más alto nivel de nuestro país que puedan intervenir y que podamos hacer excepciones, tanto aquí en la Isla Huapi como en otros sectores de nuestro país, para poder entregarle dignidad y solucionar los problemas de alcantarillado y agua potable en una comunidad tan importante como es la Isla Huapi”.
El proyecto
La iniciativa considera inicialmente llevar agua potable a 137 viviendas y a espacios públicos, entre ellos escuela, posta, cementerio, sede comunitaria e iglesia, además de la construcción de solución sanitaria (baño y cocina) en cada una de las viviendas, con sus respectivas soluciones particulares de fosas sépticas. Previo al proceso de reevaluación, la inversión a cargo del Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) ascendería a 2 mil 474 millones de pesos.
Los Consejeros Regionales manifestaron que, de acogerse esta solicitud, se marcaría un hito sobre la necesaria modificación y adaptación de los instrumentos que tiene el Estado para favorecer a los pueblos ancestrales, ya que actualmente estas familias tampoco pueden acceder a otros beneficios, como es la postulación a una vivienda social. Además aseguraron que en el marco de la Ley Indígena, es necesario declarar un Área de Desarrollo Indígena para este sector, que permita que todas las políticas de Estado también puedan ir en beneficio de estas familias.